Cinco años para decidir: el reloj que la Ley 2387 de 2024 le puso al proceso sancionatorio ambiental

¿Puede una autoridad ambiental imponer una sanción en un proceso que lleva más de cinco años abierto?

Desde el 25 de julio de 2024 la pregunta dejó de ser retórica. Ese día entró a regir la Ley 2387 de 2024, cuyo artículo 18 adicionó un parágrafo al artículo 10 de la Ley 1333 de 2009: una vez iniciado dentro del término de caducidad, el procedimiento sancionatorio ambiental “no podrá extenderse más allá de cinco (5) años”, salvo que la autoridad lo prorrogue, por otro término igual y mediante resolución motivada, “cuando la complejidad del caso o del acervo probatorio lo haga necesario”.

La regla parece clara. Sin embargo, no lo es tanto, dado que el legislador fijó el límite, pero guardó silencio en dos aspectos decisivos: no previó un régimen de transición para los procesos que ya estaban en curso, y no señaló qué ocurre cuando el término vence sin una decisión de fondo. En ese silencio se juega hoy buena parte de la defensa de los investigados.

No es una segunda caducidad

El primer error que conviene evitar es confundir figuras. El artículo 10 de la Ley 1333 de 2009 conserva, sin cambios en su inciso principal, la caducidad de veinte años contada desde el hecho u omisión. El nuevo parágrafo no la sustituye: limita la duración del trámite una vez iniciado. Y el plan de descongestión que ordenó la misma reforma es un deber de gestión de la autoridad, no un plazo a favor del investigado.

	Caducidad de la acción	Término máximo del procedimiento	Plan de descongestión
Qué limita	La potestad para sancionar el hecho u omisión	La duración del trámite, una vez iniciado	La gestión de los procesos con más de 15 años desde su inicio
Plazo	20 años	5 años, prorrogables por otros 5 mediante resolución motivada	3 años para resolver los procesos incluidos
Desde cuándo	El hecho u omisión; si es sucesivo, el último día	El inicio del procedimiento (discutido para los anteriores a la reforma)	Debió formularse a más tardar el 25 de julio de 2025
Efecto del incumplimiento	Extinción de la potestad sancionatoria	No previsto expresamente	Falta disciplinaria (art. 39, num. 1, Ley 1952 de 2019)

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) ha precisado que la reforma no creó dos caducidades (Concepto No. 13002025E2025470 de 2025), aunque en otro pronunciamiento se refirió al nuevo plazo como el “término de caducidad de cinco años para resolver el proceso sancionatorio ambiental” (Concepto No. 13002025E2037473 de 2025). Por eso preferimos llamarlo a luz de la normativa como término máximo de duración del procedimiento.

¿Desde cuándo corre el reloj?

Para los procesos iniciados a partir del 25 de julio de 2024 la respuesta es directa: los cinco años se cuentan desde su inicio. Por simple cronología, ninguno ha vencido todavía.

La discusión real está en los procesos anteriores a la reforma. Una primera lectura, apoyada en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 —que exceptúa de la aplicación inmediata de la ley procesal “los términos que hubieren comenzado a correr”—, sostiene que esos procesos siguen limitados únicamente por la caducidad de veinte años. Es una inferencia razonable a partir de algunos conceptos del MADS, pero ninguno la afirma de manera expresa.

La segunda lectura es la que hoy tiene mayor respaldo: el límite de cinco años sí cobija los procesos en curso, pero se cuenta desde el 25 de julio de 2024. Así lo sostuvo el MADS en el concepto emitido en respuesta al radicado 2024E1052017, al señalar que las autoridades cuentan con “un término adicional de duración del trámite del proceso sancionatorio, esto es, de cinco (5) años”. En la misma línea, el Juzgado Treinta y Uno de Familia del Circuito de Bogotá, en sentencia de tutela del 6 de noviembre de 2024, negó el archivo de un proceso iniciado en 2018 y, con apoyo analógico en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, concluyó que el término “se debe contar desde el día 25 de julio de 2024”. Más recientemente, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), en la Resolución DGL No. 000423 del 19 de junio de 2026, negó una solicitud de caducidad en una investigación iniciada en 2017 y precisó que el término “comienza a contabilizarse a partir de dicha fecha para los procesos en curso”.

La consecuencia práctica es concreta: bajo esta tesis, los procesos anteriores a la reforma vencerían el 25 de julio de 2029, o el 25 de julio de 2034 si la autoridad expide a tiempo una prórroga debidamente motivada, sin perjuicio de que la caducidad de veinte años se configure antes. Por eso no consideramos prudente afirmar que un proceso que ya superaba cinco años en 2024 quedó vencido de pleno derecho: esa conclusión exige un cómputo retroactivo que ni el MADS ni las decisiones conocidas han aceptado.

¿Y si el término vence sin decisión?

Aquí la ley guarda silencio y las fuentes se dividen en tres posiciones:

1. Pérdida de competencia. La Guía del Procedimiento Administrativo Ambiental Sancionatorio de la Procuraduría General de la Nación sostiene que “En caso de no proferirse una decisión dentro de este término, la entidad pública pierde competencia”, con el consecuente vicio de nulidad del acto.
2. Término preclusivo. En el Concepto No. 13002025E2025470 del 23 de julio de 2025, el MADS calificó el plazo como preclusivo y advirtió que “si ya se encuentra vencido dicho plazo no se podrá acudir a su ampliación”.
3. Término perentorio, no preclusivo. Meses antes, en el Concepto No. 13002025E2004284 del 19 de febrero de 2025, el mismo Ministerio sugirió, en términos condicionales, que el término tendría la naturaleza “de perentorio y no preclusivo”: la decisión tardía sería válida y la consecuencia recaería sobre el funcionario.

Que una misma entidad haya sostenido posiciones opuestas sobre la naturaleza del plazo dice mucho del estado de la discusión. Hoy no existe un criterio pacífico, y no identificamos un pronunciamiento del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional que defina la consecuencia del vencimiento.

Nuestra premisa: el plazo no es una caducidad, pero tampoco es letra muerta

Una solicitud inmediata de archivo en un proceso anterior a la reforma tiene, hoy, una baja probabilidad de prosperar en sede administrativa. Eso no le resta valor a la tesis. Si la ley ordena que el procedimiento “no podrá extenderse” más allá de cinco años y solo admite prorrogarlo mediante resolución motivada, esa exigencia carecería de sentido si el plazo pudiera superarse sin consecuencia alguna. A ello se suman el principio de legalidad que limita la actuación de las autoridades (artículos 6 y 121 de la Constitución), el debido proceso (artículo 29), la calificación del término como preclusivo por el propio MADS y la posición de la Procuraduría.

A nuestro juicio, el acto sancionatorio expedido después de vencido efectivamente el término, sin una prórroga oportuna y suficientemente motivada, es cuestionable por nulidad. La clave está en construir ese escenario desde ahora:

• Llevar el control de cada expediente: fecha de inicio, vencimiento proyectado y suspensiones que puedan incidir en el cómputo.
• Verificar que toda prórroga se expida antes del vencimiento y explique la complejidad real del caso, no fórmulas generales.
• Incorporar el argumento en descargos, alegatos de conclusión y recursos, para obtener un pronunciamiento expreso y dejar constancia de la oposición.
• Preservarlo para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues la decisión que niega el archivo y ordena continuar el trámite es, en principio, un acto de trámite no demandable de forma autónoma (artículos 43 y 75 del CPACA).

En los procesos que solo cuentan con auto de inicio, una petición autónoma de archivo merece cautela: puede reactivar una actuación detenida o inducir a la autoridad a prorrogar el término mientras, según su cómputo, aún está vigente.

La Ley 2387 de 2024 no le cerró la puerta a la potestad sancionatoria, pero sí le puso un reloj. La pregunta ya no es si ese reloj existe, sino quién estará preparado cuando marque la hora. A partir de 2029 se comprobará, expediente por expediente, si el límite que fijó el legislador es una garantía real para el investigado o una simple aspiración.

Referencias

Normas

• Constitución Política, artículos 6, 29 y 121.
• Ley 1333 de 2009, artículo 10 y parágrafo adicionado por el artículo 18 de la Ley 2387 de 2024.
• Ley 2387 de 2024, artículos 18 y 27 (vigencia a partir de su promulgación, 25 de julio de 2024).
• Ley 153 de 1887, artículo 40 (modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012) y artículo 41.
• Ley 1437 de 2011 (CPACA), artículos 43 y 75; artículo 28, sustituido por la Ley 1755 de 2015 (los conceptos no son de obligatorio cumplimiento).
• Ley 1952 de 2019, artículo 39, numeral 1.

Conceptos de la Oficina Asesora Jurídica del MADS (criterios auxiliares, no vinculantes)

• Concepto emitido en respuesta al radicado 2024E1052017, 4 de octubre de 2024, pág. 8.
• Concepto No. 13002025E2004284, 19 de febrero de 2025, pág. 4, respuesta a la pregunta 2.a.
• Concepto No. 13002025E2025470, 23 de julio de 2025, págs. 2-3, respuestas a las preguntas 1 a 4.
• Concepto No. 13002025E2037473, 15 de octubre de 2025, pág. 4, respuesta a la pregunta 3.

Decisiones

• Juzgado Treinta y Uno de Familia del Circuito de Bogotá, sentencia de tutela del 6 de noviembre de 2024, radicado 31-2024-00762 (efectos inter-partes). Transcrita en el Concepto No. 13002025E2037473 de 2025 (págs. 4-5) y en el Concepto 8142 del 10 de marzo de 2026 del MADS.
• Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Resolución DGL No. 000423 del 19 de junio de 2026, págs. 4-5.

Doctrina institucional

• Procuraduría General de la Nación, Guía del Procedimiento Administrativo Ambiental Sancionatorio, numeral 2.2.4, pág. 30.