El Proyecto de Ley 477 de 2026 casi triplica el impuesto al carbono, pero le quita a la agenda ambiental el dinero que ese impuesto hoy le garantiza.

Esa es la paradoja central de la llamada Ley de Rescate Económico para el sector ambiental.

El debate público se ha concentrado en el IVA, la renta de personas naturales y el recorte del gasto. Pero el articulado completo esconde cambios de fondo en financiación climática, mercados de carbono, transición energética, institucionalidad ambiental e inversión extractiva. Para empresas mineras, energéticas, agroindustriales y desarrolladores de proyectos de carbono, estos son los siete frentes que conviene leer con lupa.

1. Un impuesto al carbono más alto, pero sin destino ambiental

El artículo 54 del proyecto modifica el artículo 222 de la Ley 1819 de 2016 y fija la tarifa en UVT por tonelada de CO2 equivalente: 0,87 UVT en 2027, 1,23 UVT en 2028 y 1,59 UVT de 2029 en adelante. Para el carbón, la tarifa por tonelada pasa de 2,267 UVT en 2027 a 4,048 UVT en 2029. En la práctica, la carga casi se triplica frente al valor vigente.

El giro de fondo está en el artículo 55, que reescribe el artículo 223 de la misma ley. Hoy, tras la reforma del artículo 49 de la Ley 2277 de 2022, el 80 % del recaudo financia erosión costera, deforestación y su monitoreo, fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos. El nuevo texto solo conserva una destinación: el 20 % para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), girado al Fondo Colombia en Paz y con prioridad para los municipios PDET.

El 80 % restante no desaparece: pasa a ser ingreso corriente de la Nación, sin destinación. Es decir, el país cobraría más por emitir y destinaría menos a enfrentar las consecuencias de esas emisiones. El impuesto deja de ser un instrumento de política climática para convertirse en un instrumento de caja.

2. El Fondo para la Vida vuelve a llamarse FONSUREC, pero sin su fuente principal

El parágrafo 1 del nuevo artículo 223 crea, otra vez, el Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (FONSUREC) como patrimonio autónomo adscrito al Ministerio de Ambiente. Es el nombre original que el artículo 196 de la Ley 2294 de 2023 había cambiado por Fondo para la Vida y la Biodiversidad.

El cambio de nombre es lo de menos. Lo relevante es que el fondo conserva su estructura (fiducia, consejo directivo, director ejecutivo, ordenación del gasto en cabeza del ministro), pero no recibe un solo peso del impuesto al carbono. Sus fuentes quedan reducidas a lo que asigne el Presupuesto General de la Nación, la cooperación, las donaciones y los aportes públicos o privados.

Para los proyectos que hoy se financian o cofinancian a través de este fondo, el mensaje es claro: su continuidad dependerá de la voluntad presupuestal de cada año, en un contexto de recorte de gasto.

3. Menos espacio para la carbono neutralidad y para los créditos de carbono

El artículo 53 modifica el parágrafo 1 del artículo 221 de la Ley 1819 de 2016. Quien certifique ser carbono neutro podrá seguir evitando el impuesto, pero la no causación ya no podrá superar el 25 % del impuesto que se habría pagado. Hoy el tope es del 50 %.

El efecto es directo sobre el mercado voluntario. La no causación es el principal motor de demanda de créditos de carbono en Colombia: los sujetos pasivos compran reducciones certificadas para compensar. Si el beneficio se reduce a la mitad, también se reduce la demanda para proyectos REDD+, de restauración y de conservación. Una tarifa más alta podría compensar parte del efecto, pero el volumen compensable queda limitado por ley.

Para desarrolladores, comunidades étnicas y propietarios rurales con proyectos en curso, conviene revisar desde ya los contratos de venta y los supuestos de precio y volumen.

4. La transición energética pagará IVA

Este es el cambio que casi nadie ha visto. El artículo 42 del proyecto reescribe completo el artículo 424 del Estatuto Tributario a partir del 1 de enero de 2028. En la nueva lista de bienes excluidos ya no aparecen los paneles solares, los inversores y los controladores de carga para sistemas solares, ni los equipos para sistemas de control y monitoreo ambiental.

No hay una derogatoria expresa que lo advierta: los bienes simplemente desaparecen de la lista. Al quedar por fuera, pasarían a la tarifa general del 19 %. Esto encarece la autogeneración solar, los proyectos comunitarios de energía y las inversiones en cumplimiento ambiental, como los sistemas de monitoreo de emisiones y vertimientos.

La movilidad eléctrica recibe un golpe más temprano. El artículo 106, numeral 4, deroga desde la entrada en vigor de la ley varias partidas del artículo 468-1 del Estatuto, entre ellas las de vehículos (87.02 a 87.12). Así, los vehículos eléctricos e híbridos que hoy pagan el 5 % pasarían al 19 % desde la promulgación, no desde 2028.

5. Fondos especiales y entidades ambientales, en revisión

El artículo 3 ordena trasladar al Tesoro Nacional los excedentes de liquidez que los Fondos Especiales de la Nación tengan a 31 de diciembre de cada año, es decir, los recursos no comprometidos. El artículo 4 crea un Programa para la Eficiencia del Gasto, a cargo de la Dirección General de Presupuesto, que evaluará la modificación, fusión o derogatoria de esos fondos y de las rentas de destinación específica. El artículo 6 ata la liquidación de esas rentas al recaudo efectivo.

Fondos del sector como el Fondo Nacional Ambiental (FONAM) tendrían que justificar su permanencia con evidencia de resultados. Las únicas excepciones expresas son la seguridad social y el gasto de rango constitucional.

A esto se suma el artículo 7: facultades extraordinarias al Presidente por seis meses para suprimir, fusionar o escindir ministerios, superintendencias, unidades administrativas especiales, agencias y establecimientos públicos. El texto solo excluye la planta de la Fuerza Pública. No hay salvaguarda para el Ministerio de Ambiente, la ANLA, Parques Nacionales Naturales o el IDEAM, entidades de las que dependen el licenciamiento, la conservación y la información hidrometeorológica del país.

6. RUGE: estabilidad tributaria, pero no ambiental

El artículo 69 adiciona un Libro Noveno al Estatuto Tributario y crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE). Ofrece 16 años de estabilidad, tarifa de renta del 20 % para proyectos que inicien en 2027 o 2028 y del 26 % desde 2029, y dividendos al 8 % para no residentes. En energía, minería e infraestructura, el umbral es de 8.140.000 UVT y el plazo de ejecución, de 8 años.

El parágrafo 3 del nuevo artículo 921 excluye expresamente de la estabilidad las normas ambientales y las de consulta previa, junto con las regalías. El parágrafo 5 aclara que la adhesión no sustituye ni modifica licencias, permisos o autorizaciones ambientales, y que puede pedirse antes o después de obtenerlas.

La trampa está en los plazos. El mismo artículo 921 exige, como contraprestación, ejecutar al menos el 40 % de la inversión dentro de los dos años siguientes a la inscripción del certificado (en APP, tres años desde el acta de inicio de construcción). Según el artículo 922, si al vencer ese hito la ejecución es inferior al 30 %, la adhesión termina y hay que devolver los beneficios.

Con esos tiempos, la licencia ambiental se vuelve la ruta crítica. Un proyecto que adhiera sin tener resuelto su licenciamiento ni su consulta previa arriesga perder el régimen completo. La recomendación es simple: primero la viabilidad ambiental y social, después la adhesión.

7. Adiós al impuesto a los plásticos, no a las obligaciones

El artículo 106 deroga los artículos 50 a 53 de la Ley 2277 de 2022, que crearon el impuesto nacional a los plásticos de un solo uso, y el numeral 11 del artículo 643 del Estatuto, que sancionaba su no declaración.

Que el impuesto desaparezca no significa que el problema regulatorio se vaya con él. La Ley 2232 de 2022, que ordena la reducción gradual de estos plásticos, sigue vigente, al igual que las obligaciones de responsabilidad extendida del productor para envases y empaques. Las empresas que sustituyeron materiales por razones tributarias deberían mantener la ruta: el calendario de prohibiciones no se detiene.

Lo que está sobre la mesa

Leído en conjunto, el proyecto envía una señal en doble vía. Endurece el precio de emitir, pero desfinancia la acción climática. Atrae grandes inversiones extractivas con estabilidad tributaria, pero encarece la energía solar y la movilidad eléctrica. Y abre la puerta a reorganizar, sin límites explícitos, la institucionalidad que licencia, vigila y produce información ambiental.

El trámite legislativo apenas comienza y el texto puede cambiar. Ese es, precisamente, el momento de incidir. Gremios, desarrolladores de proyectos de carbono, empresas de energías renovables y autoridades ambientales pueden presentar observaciones en las comisiones económicas.