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Los mercados verdes, incluidos los mercados de carbono y otros instrumentos de financiamiento climático, se han posicionado como mecanismos económicos innovadores para enfrentar los retos ambientales y climáticos actuales. Su potencial para movilizar recursos, incentivar la reducción de emisiones y promover modelos productivos más sostenibles es innegable. Sin embargo, en Colombia estos instrumentos aún no cuentan con un ecosistema regulatorio robusto ni plenamente desarrollado, lo que ha generado incertidumbres técnicas y jurídicas para los actores públicos y privados.
En el ámbito legislativo, por ejemplo, se han identificado iniciativas relevantes como el Proyecto de Ley 336 de 2021 y el Proyecto de Ley 377 de 2024, ambos orientados a estructurar lineamientos para el mercado de carbono y la acción climática. No obstante, ninguna de estas iniciativas ha avanzado de manera decisiva en el Congreso, lo que refleja la dificultad que ha tenido el país para consolidar una hoja de ruta normativa integral en esta materia.
Mientras tanto, el sector financiero y los gobiernos territoriales comienzan a dar pasos propios. Recientemente, los bonos de carbono y los instrumentos verdes volvieron a la conversación pública tras el anuncio de que la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Hacienda, emitió su primer bono verde internacional el 6 de noviembre de 2025, un hito para la ciudad. La operación alcanzó USD 600 millones (aprox. $2,3 billones) y registró una demanda de $3,1 billones, evidenciando el creciente interés del mercado por proyectos con impacto ambiental.
La urgencia del cambio climático ha transformado la gestión ambiental: dejó de ser un asunto sectorial para convertirse en un desafío de desarrollo económico y social. En este contexto, los instrumentos de financiamiento ambiental buscan valorar los recursos naturales, internalizar las externalidades asociadas a las emisiones de GEI y abrir oportunidades estratégicas para movilizar capital, impulsando a Colombia hacia una economía baja en carbono.
¿Qué son los mercados de carbono?
Los mercados de carbono son mecanismos que permiten reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) mediante la creación y comercialización de créditos equivalentes a una tonelada de CO₂ reducida o removida (tCO₂eq). Aunque surgieron con el Protocolo de Kioto (aprobado en 1997 y con entrada en vigor en 2005), el Acuerdo de París (adoptado en 2015 y con entrada en vigor en 2016) amplió su alcance al habilitar intercambios internacionales bajo el Artículo 6.
En Colombia, pese a ciertos avances, persiste la ausencia de un marco institucional y jurídico unificado, lo que dificulta consolidar un mercado plenamente funcional.
La Ley 1819 de 2016, al crear el Impuesto Nacional al Carbono y habilitar el mecanismo de no causación para contribuyentes que compren certificados de reducción o remoción de GEI, impulsó el crecimiento del Mercado Voluntario de Carbono. Gracias a ello, empresas pueden adquirir créditos, como los provenientes de proyectos REDD+, para cumplir metas de sostenibilidad o reputación. Igualmente, la Ley 1931 de 2018 creó el Sistema de Comercio de Emisiones (cap-and-trade), contemplado en la NDC de Colombia, aunque aún no ha sido reglamentado ni puesto en marcha.
En el ámbito financiero, Colombia avanzó con la emisión de bonos verdes soberanos desde 2021, canalizando recursos hacia proyectos verdes elegibles bajo estándares internacionales como los Green Bond Principles de la International Capital Markets Association (ICMA). No obstante, el país aún enfrenta el reto de articular sus distintos instrumentos (fiscales, financieros y de mercado) dentro de un marco regulatorio coherente que permita aprovechar plenamente las oportunidades del financiamiento climático.
El panorama regional
En América Latina, la implementación de los mercados de carbono combina instrumentos obligatorios de fijación de precios, sistemas de comercio de emisiones y mercados voluntarios altamente dinámicos, especialmente aquellos vinculados a la conservación forestal bajo esquemas REDD+. Países como México, Chile y Brasil han avanzado con sistemas formales: México implementó un impuesto al carbono en 2014 y puso en marcha el primer ETS (Emissions Trading System, es un Sistema de Comercio de Emisiones, también conocido como cap-and-trade) de la región en su fase piloto; Chile incorporó desde 2020 un sistema de compensaciones al impuesto verde como antesala a su mercado nacional; y Brasil aprobó en 2023 la creación del Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones. Colombia, por su parte, cuenta con el Impuesto Nacional al Carbono y creó legalmente el PNCTE (Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión, y corresponde al Sistema de Comercio de Emisiones colombiano, creado en la Ley 1931 de 2018) aunque este último aún no ha sido reglamentado. Otros países, como Argentina y Uruguay, también han adoptado esquemas de precios al carbono en diferentes niveles de avance.
En paralelo, los mercados voluntarios se han consolidado como un componente crucial del financiamiento climático en la región, con un fuerte protagonismo de los proyectos forestales. En Colombia, el mecanismo de no causación del impuesto al carbono ha sido clave para dinamizar la demanda doméstica de créditos, al permitir que los contribuyentes certifiquen carbono neutralidad mediante la compra de certificados nacionales. A nivel regional, los proyectos REDD+ (especialmente en Brasil, Perú y Colombia) representan una de las principales fuentes de unidades de mitigación, a través de pagos por resultados asociados a la reducción de deforestación y degradación de bosques.
Sin embargo, la marcada concentración de la oferta en el sector forestal plantea un desafío importante para la región. En Colombia, por ejemplo, más del 76% de los resultados de mitigación provienen de proyectos REDD+, lo que evidencia la necesidad de diversificar hacia iniciativas de reducción, remoción y captura de carbono en sectores como agricultura, ganadería, transporte e industria.
Oportunidades para el desarrollo económico
Los mercados de carbono y los instrumentos financieros climáticos, como los bonos verdes, se han consolidado como herramientas clave para movilizar capital hacia la acción climática. Ambos mecanismos permiten poner precio al carbono y transformar un costo social en una señal económica que incentiva inversiones sostenibles, corrección de externalidades y transición hacia modelos productivos más limpios. En América Latina, su expansión ha abierto oportunidades tanto para el sector privado como para los gobiernos que buscan financiar infraestructura resiliente, tecnologías bajas en carbono y proyectos de conservación.
Para el sector empresarial, estas herramientas representan financiamiento estratégico, ventajas competitivas y cumplimiento de metas ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza, en inglés, ESG: Environmental, Social and Governance). Los mercados de carbono, particularmente el mecanismo de no causación del Impuesto al Carbono en Colombia, han impulsado la demanda de créditos domésticos, permitiendo a las empresas reducir costos, innovar y fortalecer su reputación. La flexibilidad del mercado y su eficiencia en costos hacen que la reducción de emisiones sea más accesible, especialmente en sectores con potencial para modernizarse.
Finalmente, estos instrumentos generan beneficios directos para la protección ambiental y las comunidades locales. Los recursos movilizados financian proyectos de mitigación, transporte limpio, conservación de bosques y ecosistemas estratégicos, incluidos los programas REDD+ y desarrollos emergentes como los bonos azules para zonas costeras. Además, promueven co-beneficios sociales como empleo rural, gobernanza forestal y acceso equitativo a los ingresos por conservación.
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Un desafío para el desarrollo de los mercados de carbono en Colombia es la ausencia de un marco institucional y jurídico claro, lo que limita la seguridad para los inversionistas y la calidad ambiental de los proyectos. Persisten vacíos en aspectos esenciales como la naturaleza jurídica del carbono (si pertenece a la Nación como recurso natural o si puede considerarse un fruto del predio) y la falta de reglamentación de instrumentos clave como el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión (PNCTE), creado en 2018 pero todavía no operativo. Esta indefinición genera fragmentación regulatoria entre el impuesto al carbono, el mecanismo de no causación, el mercado voluntario y el eventual mercado obligatorio, sin una hoja de ruta única alineada con las metas climáticas del país.
A lo anterior se suman retos de integridad que afectan la confianza del mercado: la ausencia de salvaguardas sociales y ambientales vinculantes para proyectos de mitigación, la falta de criterios claros sobre adicionalidad, permanencia o doble contabilidad, y la insuficiente operatividad del Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (RENARE), el sistema nacional diseñado para registrar y rastrear reducciones de emisiones. La reciente jurisprudencia constitucional ha insistido en la necesidad de un marco robusto de protección de derechos, especialmente en territorios indígenas y comunitarios, mientras que los estándares internacionales del Artículo 6 del Acuerdo de París exigen reglas precisas para autorizar transacciones internacionales y evitar reclamos duplicados.
Finalmente, persisten desafíos económicos y operativos que inciden en la inversión privada: el riesgo de doble imposición si no se coordinan el impuesto al carbono y un futuro sistema de comercio de emisiones; la necesidad de fortalecer la independencia y calidad de los organismos de verificación; y la alta concentración de la oferta en proyectos forestales, que hoy representan más del 70% de los resultados de mitigación.
Diversificar sectores, clarificar reglas y consolidar sistemas de información interoperables serán condiciones indispensables para que Colombia avance hacia un mercado de carbono confiable, competitivo y alineado con su meta de carbono neutralidad al 2050.
