Por qué la reforma a la tasa por utilización del agua Decreto 0700 de 2026 del Ministerio de Ambiente , vigente desde 2027, nos obliga a repensar cómo valoramos el recurso más básico y más olvidado del país

ASTRID URIBE ORTIZ

Especialista en Opinión Pública y Marketing

Directora Revista GREENVO

Hay una paradoja muy colombiana: hablamos del agua como si fuera infinita y la tratamos como si no costara nada. Regamos, extraemos, vertemos y diluimos, convencidos de que el río de al lado seguirá ahí mañana, igual de generoso. Esa comodidad se está acabando, y no por decisión caprichosa de los funcionarios en las regiones, sino porque la evidencia —sequías más largas, acuíferos que bajan, cuencas que ya no dan abasto— nos está pasando la cuenta de cobro que veníamos aplazando.

La modificación a la tasa por utilización del agua, que entra en una nueva fase a partir de 2027, es exactamente eso: una cuenta de cobro que finalmente refleja el valor real de usar un recurso escaso. Durante años, esta tarifa —el cobro que hacen las autoridades ambientales a quienes captan agua de fuentes naturales para usos productivos— funcionó casi como un trámite simbólico, desconectado de la disponibilidad real del recurso en cada cuenca y de su costo ambiental. El ajuste busca corregir esa desconexión: cobrar más donde el agua escasea, cobrar de forma más precisa según el volumen efectivamente usado, y destinar esos recursos a la protección de las mismas fuentes de las que se extrae.

Suena técnico. Es, en realidad, profundamente político y profundamente ciudadano.

No es solo un problema de las empresas

Es tentador leer esta reforma como un asunto exclusivo del sector productivo: agroindustria, energía, minería, industria manufacturera, todos grandes captadores de agua. Y sí, ellos sentirán el cambio en sus estructuras de costos y, con suerte, en sus decisiones de inversión hacia tecnologías de uso más eficiente. Pero reducir la conversación a «cuánto le va a tocar pagar a las empresas» es perder de vista lo esencial: esta tasa existe porque el agua es un bien público que estamos administrando mal, y esa mala administración nos afecta a todos, paguemos la tasa directamente o no.

Cuando una cuenca se degrada por sobreexplotación, no solo pierde la empresa que dejó de tener suficiente caudal para operar. Pierde la vereda que veía ese río como fuente de agua potable. Pierde el pescador artesanal. Pierde el municipio que tiene que invertir más en potabilización. La factura ambiental, tarde o temprano, la termina pagando la ciudadanía, solo que de forma menos visible y mucho menos justa.

Por eso la reforma debería importarnos a todos, no como espectadores de una discusión gremial, sino como corresponsables de un recurso que compartimos.

El sector privado: de la resistencia a la oportunidad

Es previsible que una parte del sector privado reciba este cambio con resistencia, y es una reacción legítima: nadie recibe con entusiasmo un aumento de costos, y las empresas —especialmente las pequeñas y medianas— necesitan tiempo, claridad normativa y acompañamiento técnico para adaptarse sin que la transición se convierta en una amenaza a su viabilidad.

Pero también es cierto que las compañías que entiendan esta reforma como una señal de mercado, y no solo como una carga tributaria, tienen mucho por ganar. Quien invierta hoy en reducir su huella hídrica, en reciclar agua de proceso, en monitorear su consumo con precisión, no solo pagará menos tasa mañana: construirá una ventaja competitiva en un mundo donde el acceso al agua —no el dinero para comprarla, sino su disponibilidad física— se está convirtiendo en el verdadero factor limitante de muchas industrias.

El llamado al sector privado, entonces, no es solo «cumplan la norma». Es «lideren la transición». Las gremiales, las cámaras de comercio y las grandes empresas tienen la capacidad técnica y financiera para volverse referentes en gestión hídrica responsable, y esa reputación —en un país cada vez más atento a criterios ambientales— vale tanto como cualquier ahorro tarifario.

La ciudadanía: de usuario pasivo a veedor activo

Del lado ciudadano, el reto es distinto pero igual de urgente: dejar de ver el agua como un tema exclusivamente técnico o exclusivamente empresarial, y empezar a exigir que los recursos recaudados por esta tasa se inviertan efectivamente donde deben invertirse —en la protección de cuencas, en el monitoreo de fuentes hídricas, en la restauración de ecosistemas que regulan el ciclo del agua—.

Porque ahí está el verdadero punto de quiebre de cualquier reforma tarifaria ambiental en Colombia: no basta con cobrar mejor, hay que gastar mejor. Tenemos, lamentablemente, un historial de instrumentos económicos ambientales bien diseñados en el papel y débilmente ejecutados en la práctica. Si la tasa por utilización del agua se recauda con rigor pero los recursos se diluyen en burocracia o se destinan a fines distintos a la conservación hídrica, habremos ganado en teoría y perdido en realidad.

La ciudadanía tiene aquí un papel que va más allá de pagar la factura del acueducto sin quejarse: implica preguntar, exigir información pública sobre el recaudo y la inversión, participar en los espacios de planificación de cuencas que la ley colombiana ya contempla, y entender que cuidar el agua no es un favor que le hacemos al planeta, sino un acto de supervivencia colectiva.

Un cambio que no admite espectadores

La modificación de la tasa por utilización del agua que rige desde 2027 no es, en el fondo, un tributo más. Es una corrección de rumbo frente a una amenaza que ya no es hipotética: la de un país que, pese a su enorme riqueza hídrica, distribuye y protege mal ese recurso, y que empieza a sentir en carne propia las consecuencias del cambio climático sobre sus fuentes de agua.

Que esta reforma funcione o se quede en otra norma bien intencionada dependerá de que empresas, autoridades ambientales y ciudadanía dejen de mirarse como actores enfrentados —el que paga contra el que cobra, el regulador contra el regulado— y empiecen a actuar como lo que en realidad son: corresponsables de un mismo bien común. El agua no le pertenece a nadie en particular. Por eso mismo, cuidarla es tarea de todos, y nadie debería sentirse ajeno a esta conversación.