Foto: Archivo de programa Canva- Derechos Reservados

Salvar a Santurbán no es una tarea de nostalgia ambiental. Es una cuestión de supervivencia hídrica para millones de personas. El nuevo gobierno tiene la ley, tiene la evidencia y tiene, ahora, la oportunidad de actuar antes de que no haya vuelta atrás.

Bajo la niebla que cubre las montañas del páramo de Santurbán, en el nororiente de Santander, no solo nace el agua que abastece a más de dos millones de personas en Bucaramanga y su área metropolitana. También, bajo esa misma niebla, se han cavado durante años túneles clandestinos donde el mercurio y el cianuro se filtran, gota a gota, hacia las venas de agua que alimentan toda una región.

Santurbán no es un paisaje más. Es un ecosistema estratégico: un páramo, esa «fábrica de agua» que solo existe en los trópicos de alta montaña y que Colombia tiene la fortuna —y la responsabilidad— de albergar en más cantidad que ningún otro país del mundo. Y sin embargo, lo hemos dejado perforar.

Túneles, dragas y mercurio: la economía criminal que nadie quiso ver

Durante más de una década, la minería ilegal se tomó buena parte del páramo. No hablamos de mineros artesanales sobreviviendo con una batea; hablamos de estructuras organizadas, con maquinaria pesada, financiamiento constante y rutas de comercialización bien aceitadas, que construyeron kilómetros de túneles subterráneos bajo la reserva forestal y el ecosistema de páramo, en zonas donde la ley prohíbe expresamente cualquier actividad extractiva.

Las cifras hablan por sí solas: una investigación periodística de Vanguardia Liberal, que revisó documentos oficiales entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, reveló que un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) calculó las ganancias de esta red de minería ilegal en 26.000 millones de pesos mensuales. Es un flujo de dinero que explica por qué, pese a los operativos esporádicos, la actividad simplemente se reacomoda y continúa. Donde hay esa rentabilidad, hay poder de corrupción, hay capacidad de intimidación, y hay, sobre todo, una enorme desidia institucional que se volvió cómplice por omisión.

El mercurio utilizado para separar el oro de la roca no desaparece: se queda en el suelo, se filtra a los nacimientos de agua, se acumula en peces y sedimentos, y termina, tarde o temprano, en el organismo humano. Es una sustancia bioacumulativa y neurotóxica, y su presencia en una zona que surte agua potable a millones de personas no es un riesgo ambiental abstracto: es una amenaza directa a la salud pública de toda un área metropolitana.

El silencio institucional que costó un páramo

La pregunta incómoda que esta columna no puede evitar es: ¿dónde estaban las autoridades?

Y la respuesta, según la misma investigación de Vanguardia Liberal, es aún más grave de lo que se intuía: no fue solo negligencia por desconocimiento. El Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Minería (ANM) contaban con la georreferenciación exacta de los socavones ilegales. Además, archivaron alertas técnicas sobre los drenajes ácidos que salen de esas minas y llegan directamente a las fuentes de agua que abastecen a más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander. El Estado no solo tuvo la oportunidad de actuar: tuvo la evidencia técnica exacta de dónde estaba el daño y de cómo estaba avanzando, y la dejó archivada.

El Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Agencia Nacional de Minería y la Policía Nacional tenían y tienen las herramientas legales para haber actuado con contundencia desde el momento en que Santurbán fue declarado ecosistema estratégico de protección especial. Su estatus ha sido ratificado tanto por la legislación ambiental colombiana como por fallos históricos de la Corte Constitucional y del Tribunal Administrativo de Santander, incluso, lo han reconocido como sujeto de derechos para garantizar su conservación. ¡La ley es clara: no puede haber minería en páramos. Punto!

Pero entre resoluciones que se demoraron años en expedirse, operativos que se anunciaban con anticipación suficiente para que la maquinaria se escondiera, y una desarticulación crónica entre las entidades ambientales y las de seguridad, el país permitió que la minería ilegal se consolidara como una industria paralela, casi con vida propia, dentro de una de sus reservas de agua más importantes.

No hubo, durante años, una sola estrategia de choque sostenida en el tiempo. Hubo anuncios. Hubo visitas de funcionarios con chalecos y cascos para la foto. Pero el páramo siguió siendo horadado.

El reto del nuevo gobierno: de la reacción a la estrategia

El nuevo Gobierno Nacional tiene ante sí una oportunidad —y una obligación— histórica: convertir a Santurbán en el caso que demuestre que Colombia sí puede proteger sus páramos con hechos y no solo con discursos.

Eso exige, como mínimo, tres frentes de acción simultáneos:

1. Inteligencia y control territorial permanente, no operativos aislados. La Fuerza Pública y la Fiscalía deben perseguir no solo a quien opera la maquinaria, sino las estructuras financieras y las rutas de comercialización del oro ilegal, que son las que sostienen el negocio.

2. Restauración ecológica real de las zonas ya intervenidas, con monitoreo técnico de los niveles de mercurio en fuentes hídricas y planes de recuperación de suelos, no solo cierres simbólicos de socavones.

3. Alternativas económicas legales y dignas para las comunidades que hoy dependen de esa economía ilegal, porque ninguna estrategia de control funciona de forma sostenible si no hay una salida productiva real para quienes hoy ven en la minería ilegal su único sustento.

El papel de la ciudadanía: vigilar para que no se repita

Pero este no puede ser un reto que recaiga solo en el Estado. La ciudadanía de Santander —y del país entero— tiene un papel insustituible: exigir información pública clara sobre en qué se invierten los recursos ambientales de la región, denunciar la reactivación de actividades ilegales, y sostener la presión social que en el pasado logró frenar intentos de flexibilizar la protección del páramo.

La defensa de Santurbán no puede depender de que un escándalo se viralice cada cierto tiempo. Necesita una ciudadanía informada, organizada y persistente, que entienda que el agua que sale de su llave empieza, literalmente, en esa montaña.

Salvar a Santurbán no es una tarea de nostalgia ambiental. Es una cuestión de supervivencia hídrica para millones de personas. El nuevo gobierno tiene la ley, tiene la evidencia y tiene, ahora, la oportunidad de actuar antes de que no haya vuelta atrás.