Colombia fue el primer país de América Latina en abrir su mar a la energía eólica. Tiene uno de los mejores vientos del planeta y una necesidad energética urgente, pero todavía le faltan las reglas para convertir ese liderazgo en parques que realmente giren.
En diciembre de 2023, en plena COP-28 en Dubái, Colombia lanzó la primera ronda competitiva de la región para asignar áreas marítimas destinadas a la eólica costa afuera. Fue una decisión con peso propio. Brasil, México y Chile dominan la eólica terrestre latinoamericana, pero en el mar la bandera la puso Colombia. Casi tres años después, la Asociación de Energía Eólica Marina de Colombia (EEMa Colombia) publicó su Reporte socioambiental y de planeación espacial marina 2026 y respondió sin rodeos la pregunta de fondo: el marco regulatorio del país sigue en construcción. Este sería un recurso de clase mundial, sin embargo su matriz es aún vulnerable.
El Caribe colombiano tiene un potencial técnico estimado de 50 GW, más del doble de los 21 GW instalados hoy en el Sistema Interconectado Nacional. Frente a La Guajira, los factores de capacidad neta alcanzan entre 67,5 % y 69,5 %, valores que superan a mercados maduros como el Reino Unido o Estados Unidos. Este recurso aparece en un momento crítico. La matriz eléctrica depende en un 66 % de las hidroeléctricas y cada fenómeno de El Niño pone en riesgo el suministro. Las reservas de gas caen y el país ya importa para cubrir su demanda. Además, la UPME proyecta que el consumo eléctrico crecerá 39 % entre 2025 y 2039, y el Caribe lo hará casi al doble del promedio nacional.
A ese panorama se suma un fracaso difícil de ignorar. Después de más de veinte años de intentos, la eólica terrestre representa apenas el 0,17 % de la matriz: 41 MW en pruebas, sin conexión a la red y sin un solo proyecto en operación comercial en La Guajira. La eólica marina no es un lujo tecnológico. Es, probablemente, la apuesta más seria que tiene el país para diversificar su generación.
Es imposrtante señalar que la primera ronda fue administrada por la ANH junto con el Ministerio de Minas y Energía y la DIMAR. Ofreció cerca de 11.000 km² frente a Atlántico, Bolívar, Sucre y Magdalena, con una capacidad estimada de hasta 6 GW. Ocho compañías y consorcios mostraron interés, pero al final se presentó una sola oferta: un proyecto de 425 MW en unos 139 km² frente al Atlántico. El ganador podrá obtener un Permiso de Ocupación Temporal por ocho años para medir el viento, hacer estudios y tramitar la licencia ambiental. Después podrá pedir una concesión marítima por 30 años, prorrogable hasta por 15 más.
El soporte normativo no es menor: la Hoja de Ruta de 2022, el CONPES 4075 de 2022, las resoluciones conjuntas MME-DIMAR expedidas entre 2022 y 2025, la Circular Externa 000070 de 2025 de la UPME y la Resolución 40337 de 2025, que crea el mecanismo de pago por diferencias. El reporte reconoce que el país demostró capacidad institucional para diseñar un proceso competitivo en un sector completamente nuevo. Aun así, una sola oferta fue una señal inequívoca del mercado: el viento está, pero las condiciones todavía no convencen.
Ahora, los vacíos que pueden frenar la industria según el diagnóstico de EEMa se resume en 23 hallazgos y 22 recomendaciones. Once de esos hallazgos son sociales, y no es casualidad. La lección de La Guajira es que un proyecto energético puede tener viento, capital y permisos, y aun así quedar paralizado por un relacionamiento débil con las comunidades. El sector de hidrocarburos costa afuera en el Caribe deja advertencias aún más concretas. Los tribunales han ordenado consulta previa en áreas que el Estado había certificado sin presencia étnica. Cada cable submarino o subestación en tierra puede ampliar el área de influencia de un proyecto y generar nuevas obligaciones de consulta. Una empresa llegó a abandonar un contrato al constatar que el impacto sobre un espacio sagrado wayuu no era mitigable. Incluso el nombre de un proyecto puede convertirse en un pleito: en 2024, un juez de Santa Marta consideró que el uso de denominaciones indígenas sin consentimiento vulneraba derechos culturales, y el bloque Tayrona tuvo que cambiar de nombre.
El caso más delicado es la Línea Negra, el sistema de sitios sagrados de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. En febrero de 2026, el Consejo de Estado anuló el Decreto 1500 de 2018 que la delimitaba, porque se expidió sin consulta previa con todas las comunidades y sin cartografía oficial. Mientras no exista un mapa concertado, las costas de La Guajira y Magdalena, justamente las de mejor viento, seguirán en zona de incertidumbre jurídica. A esto se suman más de 16.000 pescadores artesanales en el Caribe cuyas zonas de pesca no están registradas por completo. Sin esa información es imposible medir con rigor quién resulta afectado.
En lo ambiental, el país quiere instalar turbinas en uno de los mares más biodiversos del hemisferio sin evaluación ambiental estratégica previa a la asignación de áreas. Tampoco tiene un manual de compensación para ecosistemas marinos y costeros, pese a que se viene pidiendo desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018, ni reglas de desmantelamiento. De hecho, el polígono de la primera ronda se superpuso con el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Mientras tanto, países como los Países Bajos ya exigen en sus licitaciones un diseño que no solo mitigue, sino que regenere la naturaleza.
El tercer vacío es el más estructural. Colombia no tiene ley ni plan de ordenamiento espacial marino, y en el mismo espacio conviven pesca, navegación, cables, conservación, hidrocarburos, turismo y ahora eólica. Tampoco hay una meta oficial: la Hoja de Ruta habla de 9 GW a 2050, la Hoja de Ruta de Transición Energética Justa de 13 GW y el Plan Energético Nacional contempla hasta 18 GW en 2052. Con tres cifras distintas, ningún inversionista sabe cuál es la apuesta real del Estado.
En ese entido,EEMa propone, entre otras medidas, una ley de planeación espacial marina, una meta oficial única con horizontes a 2030, 2040 y 2050, evaluaciones ambientales estratégicas antes de abrir nuevas áreas, el manual de compensación marino-costero y un mecanismo de socialización directa del Gobierno con comunidades y autoridades locales, previo a la llegada de las empresas. También recomienda preparar La Guajira antes de licitarla y cartografiar la Línea Negra en cumplimiento del fallo del Consejo de Estado. La buena noticia es que varios de estos instrumentos dependen de decisiones administrativas y no de grandes reformas legales. Están al alcance de las autoridades.
Para las empresas, el mensaje es igual de claro. Quien pretenda desarrollar eólica marina en Colombia debe entender que el riesgo es tanto social y cultural como técnico o financiero. Eso implica relacionarse temprano con las comunidades, identificar grupos étnicos durante todo el ciclo del proyecto y tratar hasta el nombre del parque como parte de la debida diligencia.
Colombia ya demostró que puede abrir el mar al viento. Lo que está por verse es si será capaz de gobernarlo antes de que el viento, una vez más, sople sin generar un solo kilovatio.
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