Contar con licencia o permisos vigentes no blinda a un proyecto frente a una investigación por daño ambiental: basta que lo ocurrido exceda lo autorizado.

Detrás de esa posibilidad hay una pregunta que el derecho colombiano aún no termina de resolver: ¿en qué momento una alteración del ambiente deja de ser un impacto permitido y se convierte en un daño por el que alguien debe responder?

Esa pregunta fue el eje de las XXVIII Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Ambiente, que la Universidad Externado de Colombia celebró entre el 28 y el 30 de octubre de 2026 bajo el título Responsabilidad por daños al medio ambiente. Este artículo recoge las ideas del primer día que más interesan a quien desarrolla actividades con incidencia ambiental, y las ordena como se presenta cualquier caso real: qué es el daño, cómo se prueba, ante quién se responde y qué nuevos frentes se abren.

¿Qué es el daño ambiental y qué no lo es?

La primera discusión fue conceptual, y la mirada comparada mostró que la responsabilidad ambiental puede activarse antes de que exista un daño. La Directiva 2004/35/CE de la Unión Europea obliga al operador a adoptar medidas preventivas ante la amenaza inminente de daño, entendida como la probabilidad suficiente de que este se produzca en un futuro próximo.

En Colombia, esa discusión conceptual tiene desde 2024 un punto de partida legal. La Ley 2387 de 2024 reformó el procedimiento sancionatorio ambiental y adicionó a la Ley 1333 de 2009 el artículo 3A, que define el daño ambiental como el «deterioro, alteración o destrucción del medio ambiente, parcial o total». La misma norma ordena interpretar esa definición «de manera sistemática e integral» con el resto de la ley, en especial con sus artículos 3 y 5. Hasta entonces, la referencia más citada era el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, que, a propósito de las tasas retributivas, entiende por daño ambiental «el que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes».

La definición legal, sin embargo, no dice a quién afecta el daño, y en ese punto la Corte Constitucional ha recogido una distinción con consecuencias prácticas. En la Sentencia SU-455 de 2020 diferenció el daño ambiental puro, que recae sobre el medio natural en sí mismo, sobre las «cosas comunes», del daño consecutivo o impuro, que es la repercusión de ese deterioro en la persona o en los bienes de un particular, como le ocurre al pescador que deja de recibir ingresos porque el río se contaminó. El primero lesiona derechos colectivos como «la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución» (Ley 472 de 1998, art. 4, lit. c); se reclama mediante la acción popular o la de cumplimiento, y su reparación busca restaurar el ecosistema. El segundo se reclama mediante la acción de grupo, la reparación directa o la responsabilidad civil extracontractual, y busca indemnizar a la persona afectada.

Que la definición incluya cualquier «alteración» tampoco significa que toda alteración sea sancionable. La Ley 1333 ordena cesar el procedimiento cuando «la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada» (art. 9, num. 4), y la SU-455 reconoce que la ley admite niveles de contaminación que no dan lugar a sanción. Por eso se insistió en las Jornadas en que, antes de hablar de daño, hay que fijar el estándar de referencia, es decir, lo que la norma, la licencia o el permiso autorizan, y solo después verificar si la alteración lo superó.

La prueba: donde se decide la responsabilidad

Fijado el estándar, el problema se traslada a la prueba, y allí las herramientas clásicas muestran sus límites. La responsabilidad civil tradicional se construyó para causas directas: un hecho, un responsable identificable, un efecto inmediato y certeza sobre la relación entre ellos. El daño ambiental rara vez se comporta así. Suele ser difuso, porque intervienen varios actores; latente, porque sus efectos pueden aparecer años después, e incierto, porque la ciencia no siempre logra aislar una causa única.

La Corte Constitucional abordó esa dificultad en la misma SU-455 de 2020, al resolver el caso de una arrocera del Tolima que reclamaba perjuicios a unas cementeras por la contaminación de sus suelos durante dos décadas. Allí fijó reglas que hoy orientan a los jueces. La principal es que no es imperativo contar con «una prueba directa e inequívoca» del nexo causal, sino construir indicios suficientes y razonables, fundados en el estado del conocimiento científico, que permitan una inferencia lógica sobre lo ocurrido. La Corte añadió que la incertidumbre sobre la magnitud del daño no puede resolverse a favor del contaminante, y que el juez debe asumir un rol activo, distribuyendo la carga de la prueba y decretando pruebas de oficio. También precisó que estas reglas se concibieron para el daño ambiental puro y que su aplicación a los perjuicios individuales debe valorarse caso a caso.

En el procedimiento sancionatorio, la reforma de 2024 conservó una regla que facilita la tarea de la autoridad: se presume la culpa o el dolo del infractor, quien tiene la carga de desvirtuarla (Ley 1333, art. 1, parágrafo, y art. 5, parágrafo 1). La Corte Constitucional declaró exequible esa presunción en su redacción original (Sentencia C-595 de 2010). Sin embargo, la presunción cubre la culpa, no el daño ni el nexo causal. Para que un daño constituya infracción, el artículo 5 exige los mismos elementos de la responsabilidad civil extracontractual: «El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos». Por eso el pliego de cargos debe individualizar «el daño causado» (art. 24), y la autoridad dispone de visitas técnicas, toma de muestras, mediciones y caracterizaciones para «determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción» (art. 22).

Un mismo hecho, tres frentes de responsabilidad

Probar el daño no ocurre una sola vez ni ante una sola autoridad. Un mismo evento puede activar al tiempo la responsabilidad administrativa, la civil y la penal, y cada una tiene sus propias reglas.

En el frente administrativo, el artículo 5 de la Ley 1333 permite sancionar dos conductas: la violación de las normas ambientales y de los actos administrativos con contenido ambiental, y la comisión de un daño al medio ambiente. En ambas se presume la culpa; lo que cambia es lo que la autoridad debe demostrar. En la primera, el incumplimiento; en la segunda, además, el daño y su relación causal con el hecho.

En el frente civil, el artículo 16 de la Ley 23 de 1973 hace civilmente responsables al Estado y a los particulares por los daños derivados de acciones que generen contaminación o detrimento del medio ambiente, y a los particulares, además, por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado. Sobre el alcance de esta norma hay debate: parte de la doctrina, entre ella el profesor Tomás Restrepo Rodríguez, propone leerla como un régimen de responsabilidad objetiva, en el que la culpa no se discute, mientras que otro sector acude al régimen de las actividades peligrosas.

En el frente penal, la exigencia probatoria es la más alta, porque lo que está en juego es la libertad y no el patrimonio. El artículo 333 del Código Penal, sustituido por la Ley 2111 de 2021, tipifica los daños en los recursos naturales y el ecocidio. Según la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (SP5664-2021), este delito exige la causación de un daño específico; es decir, es un delito de lesión y no de mero peligro.

Estos frentes no se excluyen entre sí. La Ley 1333 obliga a la autoridad ambiental a poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que puedan constituir delito, y aclara que la existencia de un proceso penal no suspende el sancionatorio (art. 21). En la práctica, la prueba que se produce en un escenario puede terminar en otro, y por eso la defensa debe concebirse desde el inicio para los tres.

La nueva frontera: la inteligencia artificial

El primer día también dejó abierta una pregunta que hace pocos años habría parecido ajena al derecho ambiental: ¿quién evita el daño que puede causar la propia inteligencia artificial? La discusión tuvo dos caras. En la primera, la IA aparece como herramienta: puede procesar datos de monitoreo y apoyar la identificación y la medición del daño. Pero se advirtió que prevenir no es lo mismo que resolver un daño ya causado. En la segunda, la IA es fuente de impactos. Los centros de datos que la soportan consumen grandes cantidades de energía, usan agua para enfriar sus servidores y ocupan suelo. Su uso masivo y recurrente plantea efectos sobre los recursos naturales, el clima y la salud que el derecho ambiental apenas empieza a dimensionar.

¿Qué significa esto para las empresas?

Si el nexo causal puede probarse con indicios científicos y el juez puede trasladar la carga de la prueba a quien está en mejor posición para aportarla, la defensa empieza mucho antes de cualquier investigación. Empieza al conocer con precisión el estándar que fija cada licencia o permiso, al mantener una línea base y un monitoreo técnicamente sólidos que permitan demostrar qué cambió y por qué, y al actuar ante el riesgo antes de que se convierta en afectación.

Y cuando la investigación ya está en curso, la Ley 2387 de 2024 abrió una alternativa: el investigado puede pedir la suspensión del procedimiento si propone medidas técnicamente soportadas para corregir o compensar la afectación o el daño; si las ejecuta y la autoridad verifica su cumplimiento, el procedimiento termina de forma anticipada (Ley 1333, art. 18A). En materia ambiental, quien tiene los datos está en mejor posición para explicar lo ocurrido.

Fuentes: Programa de las XXVIII Jornadas · Ley 1333 de 2009, texto vigente con la Ley 2387 de 2024 · Corte Constitucional, SU-455 de 2020 · Directiva 2004/35/CE · Ley 99 de 1993, art. 42 (concepto MinAmbiente) · Ley 23 de 1973 · Ley 472 de 1998 · Ley 2111 de 2021 · CSJ SP5664-2021 · T. Restrepo sobre el art. 16 de la Ley 23 de 1973