Todos hablan de paneles solares y aerogeneradores. Casi nadie pregunta qué pasará con ellos cuando dejen de funcionar. Ahí, en ese silencio, se esconde uno de los negocios más grandes que Colombia todavía no ha empezado a construir.
Cuando se habla de transición energética, la conversación se queda casi siempre en el mismo lugar: los grandes parques solares, los aerogeneradores gigantes, las inversiones millonarias, la promesa de menos emisiones. Es una conversación importante, pero incompleta. Porque hay una pregunta que la agenda pública todavía no se atreve a hacer en voz alta: ¿qué va a pasar con toda esa infraestructura cuando termine su vida útil?
La transición energética no solo produce electricidad limpia. También va a dejar, tarde o temprano, toneladas de residuos. Y ese «problema» es, en realidad, una de las mayores oportunidades económicas, industriales y ambientales de las próximas décadas.
Una cifra que cambia la conversación
La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) lo dice con números difíciles de ignorar: el desmantelamiento de infraestructura renovable permitirá recuperar cerca de 81 millones de toneladas de materiales críticos en América Latina y el Caribe que estaría representada en ganancias cercanas a los US $209.000 millones para el año 2050 . La mayor parte es de acero, pero también hay cantidades considerables de cobre y aluminio, materiales cuyo valor sube cada año a medida que el mundo entero compite por ellos para construir tecnologías limpias.
Detente un momento en esa cifra. 81 millones de toneladas no son un residuo. Son una mina que ya existe, que ya está instalada, y que la mayoría de países todavía no sabe cómo aprovechar.
Esa cifra obliga a replantear cómo entendemos la economía circular. Durante años, la discusión sobre residuos giró alrededor de una sola pregunta: cómo disponerlos sin dañar el ambiente. Hoy la pregunta debe ser otra, mucho más ambiciosa: ¿cómo convertimos esos residuos en la materia prima de la próxima industria?
No se trata solo de reciclar. Se trata de construir cadenas de valor completas, capaces de devolver materiales al aparato productivo, aliviar la presión sobre los recursos naturales y reducir la dependencia de materias primas vírgenes, cuya extracción es cara, contaminante y cada vez más difícil de justificar.
El punto ciego de la transición energética
Aquí está la paradoja: mientras el mundo instala infraestructura renovable a una velocidad récord, muy pocos países han diseñado un modelo serio para gestionar el final de su ciclo de vida. Esa omisión, silenciosa hoy, puede convertirse en uno de los principales cuellos de botella de la transición energética mañana.
Colombia no es la excepción.
El país ha impulsado proyectos solares y eólicos con incentivos tributarios, ajustes normativos y una apuesta clara por diversificar su matriz energética. Pero cuando se pregunta qué pasará con los paneles fotovoltaicos, las aspas de los aerogeneradores, los transformadores y las estructuras metálicas al final de su vida útil, la respuesta todavía es un silencio regulatorio.
Y ahí aparece una inquietud jurídica que merece toda nuestra atención:
¿El régimen colombiano de responsabilidad extendida del productor, y las resoluciones sobre sistemas de recolección posconsumo, fueron pensados alguna vez para este tipo de residuos?
La respuesta honesta es que seguramente requerirán modificación, especialmente la Nota 3 del Anexo 1, y el artículo 12 de la Resolución 851 de 2022 (Gestión de RAEE).
Las normas de posconsumo que existen hoy se diseñaron para diferentes tipos de residuos: baterías, llantas, computadores, medicamentos vencidos, envases de plaguicidas, bombillas. La infraestructura de generación renovable presenta elementos completamente distintos —por su volumen, su composición, su vida útil, su logística y, sobre todo, por el altísimo valor de los materiales que se pueden recuperar de ella, ya se a nivel industrial o de uso individual o particular.
Las preguntas que Colombia todavía no se ha hecho
No basta con preguntar quién va a recoger los residuos cuando un parque solar llegue al final de su vida útil. Faltan las preguntas de fondo:
- ¿Quién financia esa gestión?
- ¿Cuáles serán las metas de recuperación de materiales?
- ¿Qué incentivos recibirá quien invierta en reciclaje especializado?
- ¿Cómo se garantiza la trazabilidad de materiales de tan alto valor económico?
La experiencia internacional ya dejó una lección clara: la regulación no puede limitarse a imponer obligaciones ambientales. Su verdadero potencial está en crear las condiciones para que nazcan mercados nuevos.
Cada tonelada de acero recuperada es una tonelada que no sale de una mina. Cada kilo de cobre reciclado es una explotación que no se abre. Cada componente que vuelve al ciclo productivo es un paso más hacia la seguridad en el abastecimiento de los materiales que la transición energética necesita para sostenerse en el tiempo.
Dicho de otra forma: la política ambiental puede convertirse en política industrial. Y pocas veces una oportunidad tan grande ha estado tan a la vista de todos.
La pregunta que de verdad importa
Este es exactamente el tipo de discusión que Colombia debería empezar a liderar hoy, antes de que el volumen de residuos se dispare. Esperar a que el problema toque la puerta para empezar a regularlo sería repetir un error que ya conocemos de memoria en otros sectores.
La transición energética no termina cuando un panel solar empieza a producir electricidad. Tampoco cuando un aerogenerador entra en operación. Su verdadero éxito se medirá por algo que casi nadie está mirando todavía: la capacidad de gestionar con responsabilidad el final de ese ciclo de vida.
Los residuos de hoy serán las materias primas de mañana. Y quienes lo entiendan primero no solo estarán protegiendo el ambiente: estarán tomando posición en uno de los mercados más prometedores de las próximas décadas.
La pregunta ya no es si va a existir una industria alrededor de estos residuos. Eso va a pasar, con o sin nosotros.
La verdadera pregunta es si Colombia va a llegar a tiempo para construirla.
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