¿Qué rige hoy en materia de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos? La figura se mantiene en el ordenamiento jurídico, mientras que buena parte de las áreas declaradas ha sido objeto de derogatoria.
En poco más de tres años, las APPA han pasado por una etapa de declaratorias en distintas regiones del país, la posterior derogatoria de varias de ellas y un pronunciamiento de la Corte Constitucional que las declaró exequibles con condicionamientos.
Este recorrido hace necesario que municipios, productores, propietarios y desarrolladores de proyectos establezcan con precisión cuál es el marco aplicable en cada territorio.
Cómo nacieron las APPA
El artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, modificó el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 e incorporó como determinante de ordenamiento territorial de nivel 2 las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación, en particular las APPA. Su declaratoria corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con base en los criterios de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
El procedimiento se desarrolló en dos etapas. Primero se identificaban las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), actos preliminares que, según precisó el Consejo de Estado en auto del 17 de enero de 2025, no crean, modifican ni extinguen situaciones jurídicas. Después se expedía la resolución de declaratoria del APPA, que sí constituye norma de superior jerarquía y vincula a los municipios en la elaboración y revisión de sus planes de ordenamiento territorial.
Una expansión de cerca de un millón de hectáreas
La primera declaratoria correspondió al sur de La Guajira, mediante la Resolución 161 de 2024. En 2025 le siguieron las de Sopó, Concordia, Venecia y Fredonia, Jericó y Nemocón.
Durante el primer semestre de 2026 se declararon APPA en el norte del Tolima, en diecisiete municipios de Córdoba, en varios municipios del suroeste antioqueño, en Cogua, Tenjo y Tabio y, en julio, en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, en Santander. Según información de prensa, el área delimitada alcanzó cerca de un millón de hectáreas en 59 municipios.
Entre sus efectos, las declaratorias impedían clasificar como suelo urbano, de expansión o suburbano las áreas delimitadas y condicionaban los usos admisibles en ellas. En el marco de su implementación se presentaron también demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, entre ellas la promovida contra la declaratoria de Nemocón.
Las derogatorias expedidas desde octubre de 2026
A partir de agosto de 2026, el Ministerio de Agricultura inició la revisión de las declaratorias, tomando en consideración aspectos como la autonomía de los municipios para ordenar su territorio, la información cartográfica empleada, la consulta previa y la consistencia de las delimitaciones.
Las primeras derogatorias se expidieron en octubre. Mediante las Resoluciones 349 y 351 del 05 de octubre 2026, se derogaron las APPA del sur de La Guajira y las de cinco municipios de Sabana Centro; semanas después, la Resolución 386 del 23 de octubre hizo lo propio con la declaratoria de Córdoba y la Resolución 402 del 27 de octubre, con las nueve del suroeste antioqueño.
En el Tolima y en Santander el proceso continúa en curso. El Ministerio publicó los proyectos de resolución que derogarían las Resoluciones 44, 45 y 52 de 2026, que en conjunto comprenden 48.494,47 hectáreas en el norte del Tolima, y la Resolución 187 de 2026, que abarca 84.662,61 hectáreas en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí.
En cuanto a sus efectos, estos proyectos prevén que la derogatoria operará hacia el futuro y precisan que ello no supone un pronunciamiento sobre la validez de las declaratorias ni afecta las situaciones jurídicas consolidadas durante su vigencia. Las actuaciones administrativas en curso se decidirán conforme al ordenamiento vigente al momento de resolverlas, en tanto que las determinantes de nivel 1, en particular las ambientales, conservan su aplicación.
Lo que dijo la Corte Constitucional
Mediante la Sentencia C-364 de 2026 (expediente D-16118, M. P. Natalia Ángel Cabo), la Corte declaró exequible el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 en lo relativo a las APPA, bajo condicionamientos orientados a garantizar la autonomía territorial. Por tratarse de un control abstracto sobre la ley, el pronunciamiento no recae sobre las resoluciones de declaratoria ni sobre las de derogatoria.
De acuerdo con la información divulgada, las decisiones del Ministerio sobre estas áreas deberán estar precedidas de un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales, en especial con los concejos, cuyas observaciones deberán valorarse de manera efectiva y motivada. Además, la declaración y modificación de las APPA deberá considerar los planes de ordenamiento territorial y las particularidades de cada municipio.
La Corte también delimitó la competencia del Ministerio, que comprende la delimitación de las áreas, su destinación a la producción de alimentos y la identificación de actividades incompatibles, sin extenderse a la reglamentación detallada de los usos del suelo, que corresponde a los concejos. La decisión rige hacia el futuro y las APPA en trámite deberán sujetarse a estas condiciones.
Las preguntas que quedan abiertas
La sentencia confirma que el Ministerio conserva la competencia para declarar APPA, con un procedimiento que asigna un papel más amplio a las autoridades territoriales. Mientras se conoce el texto completo de la providencia, algunos aspectos de su alcance están por precisar.
Entre ellos se encuentran el alcance del deber de concertación frente a las distintas decisiones sobre estas áreas, incluida su eliminación, que algunas reseñas del fallo mencionan, la forma en que los condicionamientos se proyectarán sobre las actuaciones en trámite y la incidencia de las derogatorias en los procesos judiciales promovidos contra las declaratorias.
Una verificación caso a caso En el escenario actual coexisten declaratorias derogadas, proyectos de derogatoria en trámite y un marco constitucional que orientará las decisiones que se adopten en adelante. Por ello, resulta prudente verificar la situación de la declaratoria en cada municipio de interés y hacer seguimiento a los actos pendient
¿Desea profundizar sobre este tema?
Consulte con los abogados directores de nuestro equipo experto en derecho ambiental, minero y energético.
Consultar con un Abogado Especialista →
